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¿OCHO MILLONES DE VÍCTIMAS EN MANOS DE UNA REINA?

desplazados

Desde hace varias semanas empezaron a parecer en las puertas y ventanas de los principales despachos de la Unidad de Víctimas de Bogotá carteles con una inscripción particular: “el primer acto de corrupción de un funcionario, es aceptar un cargo para el que no está preparado”. La aparición de estos singulares mensajes explica, por sí sola, lo que ha venido ocurriendo en las oficinas cuyos funcionarios tienen la nada fácil tarea de atender a más de ocho millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.


La aparición de estos extraños carteles obedece a un carrusel de nombramientos burocráticos que han ido desplazando a los funcionarios expertos que por más de diez años han trazado la hoja de ruta para la atención efectiva de las víctimas de la guerra en el país. El punto de inflexión sobre estos nombramientos tiene nombre propio: Diana Marcela Morales, de quien dice los funcionarios de la Unidad de Víctimas, se trata de una reina de belleza el director de esas Unidad, el ex secuestrado Alán Jara., le ha dejado en sus manos la gran responsabilidad del manejo gerencial de la Dirección de Gestión Institucional, oficina encargada de toda la política de atención a víctimas, incluído el manejo de su millonario presupuesto.
La ex reina de belleza Diana Marcela Morales, de quien dicen participó como finalista en el reinado de la piña de Casanare, se gana la no despreciable suma de 15 millones de pesos y desde hace meses tiene en sus manos el destino de ocho millones nacionales afectados por fenómenos de desplazamiento forzado, homicidio, desapariciones, masacres y extorsiones por parte de grupos armados.
Hasta julio de 2016 la Unidad de Víctimas tenía apenas 800 funcionarios de planta y funcionando, como lo venía haciendo desde su creación, con 1.600 contratistas que a lo largo de diez años se fueron especializando en las diferentes áreas de acción para la atención de víctimas. En promedio cada contratista recibe mensualmente entre 5 y doce millones de pesos, mientras que los servidores de planta reciben entre 1.5 y 2.5 millones de pesos. Esta distribución salarial explica, en parte, el fortín burocrático, en el que ha convertido el ex secuestrado Alán Jara, la Unidad de Víctimas del conflicto interno.

El carrusel
En diciembre de 2016, la Unidad de Víctimas se convirtió en una interminable pasarela de funcionarias y funcionarios nombrados por recomendación personal del Director Alán Jara, servidores que en ninguno de los casos llenan las expectativas o experiencia en el manejo de víctimas. Esto ha venido sucediendo en las subdirecciones de participación, Nación-Territorio, Snariv, Asuntos étnicos y en la Dirección de Reparaciones. Para los funcionarios que tenían sobre sus hombros el manejo de las víctimas “es como empezar de ceros”, pues son funcionarios que ignoran por completo la metodología de atención, las estrategias y tareas de desarrollar para das continuidad a la atención del grave problema de las víctimas del conflicto.
En muchos casos los funcionarios de planta han ido asumiendo las tareas que han dejado los servidores públicos que se han ido de la entidad por decisión de la Dirección o por cumplir con sus periodos de contratación. Esto, sin embargo, ha generado casi la parálisis total de todos los protocolos y planes que venían ejecutándose en 2016 y que hoy están estancados. Un ejemplo de esta situación es lo que ocurre en la Unidad de Participación, oficina que desde hace dos meses se encuentra acéfala, pues su director salió de la Unidad desde diciembre pasado. Los procesos de esa oficina se encuentran paralizado, mientras que algunos de los funcionarios cumplen con sus horarios de oficina sin ninguna función referente a las víctimas. La Unida de Participación de las Víctimas es la encargada nada menos y nada más que de la organización de la política de atención, de acuerdo a cada territorio por hechos víctimizantes y enfoques diferenciales, pues no es los mismo atender una víctima de Chocó que de La Guajira.
La situación de nombramientos burocráticos ha llegado a tal punto que algunos de los recién nombrados están pensando en dimitir de sus cargos ante la falta de experiencia en el manejo de víctimas, como ocurre en la subdirección de asuntos Étnicos. Y es que es tan compleja la atención de víctimas que desde hace más de un año se han ido conociendo en secreto en los pasillos de la Unidad de Víctimas la infiltración de paramilitares, guerrilleros y delincuentes comunes en los listados de beneficiarios de las Unidad de Víctimas. Incluso algunos de los nombramientos a dedo han resultado beneficiando a familiares de Sigifredo López.
El grueso de los nombramientos se originan en Villavicencio y otras regiones del Meta, fortín político del ex secuestrado por las Farc, Alan Jara. En los pasillos de la Unidad de Víctimas se dice que Jara está preparando con los nombramientos burocráticos de la Unidad su ascenso al Congreso como Senador.