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El proceso del ex fiscal Camilo Bula: ¿Nueva burla a la Justicia?

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En la primera semana de abril el máximo jefe de la Fiscalía General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, sorprendió al país con un duro cuestionamiento al sistema judicial colombiano, luego de que se conociera la condena de los dos principales implicados en uno de los grandes desfalcos financieros de los últimos tiempos.

 

Las críticas de Martínez Neira ante medios de comunicación hacían referencia a las condenas de cinco años y cuatro meses para Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, respectivamente, investigados y procesados por el multimillonario fraude a través del Fondo Premium, creado a expensas de la firma Interbolsa. En ese entonces el fiscal Martínez aseguró que tales condenas son lo que calificó como “un remedo de justicia”, señaló que este tipo de condenas es una invitación a la continuidad del delito y concluyó que estas decisiones son resultado de la política criminal del país.

Frente a lo que el fiscal llama como “remedo de justicia” en diferentes sectores sociales revivió nuevamente un gran interrogante: ¿fracasó el sistema penal acusatorio? Abogados consultados por El Interrogante advierten el desmoronamiento del sistema judicial colombiano por la estructura del sistema y su aplicación real. ¿Por qué?

Tanto Ortiz como Jaramillo admitieron su responsabilidad en el millonario fraude por intermedio de diferentes maniobras del fondo premium, razón por la cual la misma legislación colombiana les otorga un descuento automático del 50 por ciento de su condena. Sin embargo, lo más dramático es por cuenta de la reparación, pues ninguno de los dos implicados reparó económicamente a las víctimas o devolvió el dinero producto de sus operaciones criminales.

Para muchos juristas esta la forma en que los criminales de todo tipo están haciéndole conejo al sistema penal acusatorio, las “rebajonas” de pena como las llamo el fiscal, dejan a los autores de los grandes delitos de cuello blanco con la posibilidad de cumplir penas relativamente cortas y salir luego a disfrutar de los dividendos de sus delitos.

Algo similar paso con el ex fiscal Camilo Bula, de quien en los pasillos del ente acusador se decía que era el cerebro de múltiples operaciones criminales, en el sonado caso de su participación en el escándalo de los bienes de la desaparecida Dirección de Estupefacientes.

La Fiscalía procesó al ex fiscal Bula por peculado por apropiación, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado, fraude procesal, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. A través de este rosario de delitos, el ex fiscal Bula, causó un millonario daño patrimonial en su condición de liquidador de la Sociedad Promocon, de la ciudad de Barranquilla.

Desde su cargo, Bula, quien fue llevado y presentado en la Dirección de Estupefacientes por el hoy ex fiscal Mario Iguarán, estaba a cargo de la liquidación del Centro Comercial Villa Country, Edificio Centro Ejecutivo II, Casa Bello Horizonte de Santa Marta y un lota parqueadero en el barrio El Prado de Barranquilla, bienes en los que se presentaron pérdidas por más de 24 mil millones de pesos.

Las maniobras criminales, no obstante, fueron aún más allá. Bula suscribió a nombre de Promocom varias decenas de contratos fantasmas de personas que nunca fueron a laborar en esa entidad; firmó contratos de remodelación a través de las que recibió millonarias sumas de dinero; vendió los bienes sin que los compradores hubiesen pagado su valor y definió un millonario salario por sus servicios de liquidador.

Con todo esto, el ex fiscal Bula negoció a través de su defensa un principio de oportunidad que los obligaba no solamente a colaborar con la Justicia, sino que además lo obligaba a devolver el monto de los dineros que, a través de sus maniobras como agente liquidador, causo en detrimento de la Nación. Pocos meses después de suscribir el principio de oportunidad con el ente acusador, el ex fiscal Bula se declaró en quiebra para evitar la devolución de la millonaria suma de dinero que defraudó al Estado a través de su plan criminal. Hoy por hoy. Como el caso de Bula son centenares de delincuentes de cuello blanco que, amparados en el sistema penal acusatorio y sus ventajas, han evadido la acción real de la justicia colombiana.

Hace dos semanas el ex gobernador de Norte de Santander, Hugo Aguilar, fue sorprendido por una periodista del diario Vanguardia, en momentos en que se desplazaba por esa ciudad en un lujoso vehículo Porshe, valorado en más de mil millones de pesos. Lo curioso del caso de Aguilar es que al igual que Bula había declarado haber estado en quiebra para evadir el pago de más de seis mil millones de pesos a sus víctimas, tras ser condenado por paramilitarismo.